Su pesadilla comenzó, cuando las sobrinas de Elizabeth Ramírez, de 7 y 9 años de edad, fueron a su casa en el verano de 1994 en ausencia de su madre. Allí, residía también la novia de Ramírez, Kristie Mayhugh, y Cassandra Rivera y Anna Vásquez visitaban la casa con frecuencia.
Cuando las niñas regresaron a su casa, su abuela detectó que se comportaban de forma inusual. Alegó que jugaban “de forma sexual” con sus muñecas. Una de ellas, contó que había sido agredida sexualmente en el apartamento de su tía. Dijeron que las habían sujetado y amenazado con un cuchillo y una pistola mientras eran agredidas.
Aunque las versiones variaron, las niñas fueron examinadas por varios médicos. Uno de ellos dijo que podría tratarse de una cuestión “satánica”. Otro, dijo que la mayor “presentaba signos físicos y objetivos de abuso sexual”.
Así, aunque Elizabeth Ramírez, Cassandra Rivera, Anna Vásquez y Kristie Mayhugh declararon una y otra vez su inocencia, incluso, por encima de la libertad condicional que les fue ofrecida si aceptaban los cargos que se las imputaban, según publica el dailymail.co.uk, fueron acusadas de violar a las niñas. Elizabeth Ramírez, presuntamente, la líder de la agresión fue condenada a 37 años de prisión y las otras tres mujeres a 15.
Entre 2012 y 2013, una de las niñas, que había declarado en contra de las mujeres, se retractó argumentando que había estado sometida a la amenaza de un familiar. Esto junto con el descubrimiento de fallos graves en las pruebas psicológicas y forenses condujo a que las mujeres fuesen liberadas.
La injusticia cometida se debe, según Cassandra Rivera, una de las víctimas de los falsos testimonios, al hecho de que eran homosexuales. “Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en la década de los 90 había mucha discriminación hacia los homosexuales”, sentencia tras expresar lo duro que es ser acusado injustamente de un crimen sexual: "Es la peor sensación del mundo cuando no se ha hecho nada y eres tachada de ser una abusadora de niños”
La Corte de Apelaciones de Texas ha establecido una compensación económica de más de 75 mil euros por año por cada 12 meses pasados en prisión para cada una de las mujeres injustamente condenadas. No obstante, ninguna cantidad les compensará el tiempo perdido, cuenta Cassandra Rivera, que ha vivido todos estos años sin ver a sus hijos crecer.