El Gobierno español anunció el viernes la deportación de lo que describió como "269 ciudadanos chinos" al término de un año de investigación a una red de defraudadores por Internet en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona.
El modus operandi de esta red consistía en ponerse en contacto con ciudadanos chinos a los que engañaban haciéndose pasar por "jueces, fiscales o policías" y quedarse con sus ahorros.
El Ministerio de Exteriores taiwanés ha precisado que 200 de estos detenidos son taiwaneses y entiende que la decisión de España "infringe los derechos e intereses de los ciudadanos de Taiwán e ignora la tradición de la que hacen gala los países de la Unión Europea al prestar un énfasis especial en los derechos humanos", según el comunicado recogido por Taiwan News.
La decisión de España entra en conflicto con el actual estatus internacional de Taiwán, que manifiesta su independencia respecto de China, mientras el Gobierno de Pekín se atribuye su autoridad sobre el archipiélago.
Dado que los sospechosos todavía no han abandonado España, el Ministerio de Exteriores de Taiwán ha manifestado que sus representantes diplomáticos siguen trabajando para impedir su deportación a China.