Un comité del Supremo ha señalado que la medida contempla un equilibrio entre la santidad de la vida, el interés público y los derechos individuales, según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.
En este sentido, ha argumentado que la alimentación forzosa puede ser llevada a cabo mientras se trabaje para evitar daños de salud al detenido, asegurando que en ese caso se respetan los derechos de estas personas.
El Parlamento votó a favor del proyecto que contempla la alimentación forzosa de los detenidos en julio de 2015, lo que provocó una oleada de críticas por parte de expertos médicos, algunos de los cuales incluso se negaron a llevar a cabo la medida con algunos reos.
De hecho, desde la ONG Profesionales Sanitarios por los Derechos Humanos en Israel se criticó la norma, afirmando que "legaliza la tortura y las repugnantes violaciones de la ética médica y las convenciones internacionales".
"En lugar de alimentar por la fuerza a presos que son humillados y cuyas vidas corren peligro, Israel debería afrontar las demandas de quienes hacen huelgas de hambre tales como el fin de la detención administrativa", una figura legal que permite la reclusión indefinida y sin cargos de los sospechosos de terrorismo, indicó la ONG.
También la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés), dijo que la alimentación forzosa está prohibida y que viola los derechos de los individuos a recibir tratamiento, así como su "autonomía y dignidad".
Las huelgas de hambre son una de las pocas herramientas de protesta con las que cuentan los presos palestinos contra las condiciones de su encarcelamiento. Estas iniciativas obtienen una gran repercusión fuera de las prisiones.