De Lima ha pedido una investigación criminal internacional contra Duterte, ya que cree que es la única esperanza para frenar la feroz guerra contra las drogas que ha costado ya la vida a más de 3.800 personas desde que Duterte llegó al poder, hace cuatro meses.
En agosto, siendo jefa de la Comisión de Justicia del Senado, De Lima comenzó a investigar el aumento de asesinatos por bandas de justicieros. Esto le hizo ganarse muchos enemigos, entre otros el presidente, que sugirió a la senadora que primero renunciara y luego se ahorcara.
En septiembre, la hostilidad entre De Lima y Duterte creció cuando la senadora invitó al asesino a sueldo Edgar Matobato a que declarara. Matobato admitió que Duterte disparó a un funcionario del departamento de justicia una vez muerto y que también ordenó el asesinato de criminales y políticos de la oposición. Duterte ha desmentido las declaraciones del sicario.
De Lima teme por su propia vida, ya que después de haber sido expulsada del Senado filipino el mes pasado, su número de teléfono y la dirección de su casa se han hecho públicos.
"Estuve sin poder ir a mi propia casa durante unas semanas. Dormía en otros sitios aunque iba a mi casa de vez en cuando. Me sentía como una ladrona en mi propio hogar ya que tenía que ir por la noche", ha asegurado De Lima en una entrevista con el diario británico 'The Guardian'. "Lo peor es que desde que hicieron público mi número de teléfono he recibido casi 2.000 mensajes, la mayoría amenazas", ha añadido.
Desde entonces, Leila de Lima, ha sido acusada de corrupción y de tener relaciones con narcotraficantes. Aquellos que la critican afirman que la senadora fue cómplice del tráfico de drogas en la prisión de Bilibit mientras era jefa del departamento de justicia. De Lima niega todos los cargos y los denuncia como "farsas".
La guerra de Duterte contra las drogas ha sido condenada por Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea. A principios de octubre la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, informó de que su departamento estaba buscando evidencias que confirmaran que las autoridades filipinas están "obligando, animando y contribuyendo" a crímenes contra la humanidad.
De las 3.800 personas que han muerto en la guerra contra las drogas, la mayoría han sido asesinadas por personas sin identificar y cerca de 1.500 han muerto en operaciones policiales. Mientras tanto, el presidente filipino se ha declarado inocente.