La Comisión de Investigación de la ONU sobre Derechos Humanos en Eritrea ha pedido ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el Tribunal Penal Internacional investigue los posibles crímenes contra la Humanidad cometidos por las autoridades de este país africano.
La relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Eritrea y miembro de esta comisión de la ONU, Sheila Keetharuth, ha emplazado a la Asamblea General de Naciones Unidas a remitir los hechos al TPI para que se encargue de las pesquisas.
Keetharuth ha subrayado que la Comisión de Investigación ha llegado a claras conclusiones que señalan que las autoridades eritreas han cometido crímenes contra la Humanidad desde 1991, lo que conlleva que la comunidad internacional debe reaccionar frente al Gobierno de Eritrea.
"Los crímenes de esclavitud, encarcelamiento, desapariciones forzadas, torturas, otros actos inhumanos, persecución, violación y asesinato han sido cometidos en el marco de una campaña sistemática y generaliza contra la población civil. El objetivo de la campaña ha sido mantener el control sobre una población y perpetuar al Gobierno en Eritrea", ha afirmado Keetharuth, en su discurso ante la Asamblea General.
EL GOBIERNO NO TIENE VOLUNTAD POLÍTICA PARA INVESTIGAR LOS CRÍMENES
"La Comisión ha concluido que el Gobierno de Eritrea no tiene voluntad política ni capacidad institucional para perseguir los crímenes que se han documentado. Por ello la Comisión recomienda que el Consejo de Seguridad remita la situación de Eritrea a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y que la Unión Africana establezca un mecanismo de rendición de cuentas", ha explicado, según informa la ONU, en un comunicado.
Keetharuth ha pedido a los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas que presten atención a las "voces de las víctimas de crímenes contra la Humanidad en Eritrea". En este sentido, ha afirmado que la Comisión ha concluido que no hay un cambio material en el país que pueda hacer prever una mejora de la situación de los Derechos Humanos en el país africano.
"Todavía no tienen Constitución ni un Parlamento en el que se debatan las leyes y se promulguen y donde se hable sobre los temas de importancia nacional. Continúa el servicio militar indefinido, con sus efectos adversos en los derechos individuales. No hay una prensa libre ni organizaciones no gubernamentales, salvo las impulsadas por el Gobierno", ha asegurado la relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Eritrea.
Keetharuth ha hecho hincapié en que la población eritrea vive "con miedo" y el Gobierno "todavía controla su vida diaria, convirtiendo en una posibilidad remota el disfrute de todas las libertades fundamentales y los Derechos Humanos".
La relatora especial ha indicado que algunas delegaciones extranjeras y de periodistas han recibido autorización para visitar Eritrea en el último año pero las "incontroladas" violaciones de Derechos Humanos han seguido sucediendo en "localizaciones aisladas" y en "centros de detención" que no ven los visitantes.
En esta misma línea, ha advertido de que los eritreos son mayoría entre los africanos que piden asilo en Europa y ha destacado que hay un alto porcentaje de reconocimiento como refugiados por parte de los países europeos.
"Las conclusiones de la Comisión ponen de manifiesto que no es seguro obligarles a regresar a los que han abandonado Eritrea", ha añadido. En su primer informe, la Comisión documentó que los eritreos repatriados por obligación, "con muy pocas excepciones", han sid "arrestados y sometidos a malos tratos y torturas, según Keetharuth.
"Pido a los Estados miembro (de la Unión Europea) que concedan a los eritreos acceso a su territorio y el asilo. Reitero enérgicamente mi petición para proteger a todos los eritreos solicitantes de asilo ante procesos de devolución y que se abstengan de hacer repatriaciones forzadas a Eritrea o a terceros países donde puedan no ser bienvenidos o sufrir riesgos", ha concluido.