El organismo, encargado de garantizar la constitucionalidad de las leyes francesas, ha invalidado, por tanto, la medida más emblemática y controvertida del proyecto de ley, que había sido aprobado de forma definitiva el pasado 20 de diciembre en el Parlamento.
Una de las principales promesas electorales del socialista François Hollande de cara a los comicios presidenciales de mayo de 2012 era la puesta en marcha de una reforma fiscal que implicara una subida de los impuestos para los más ricos, por considerar que las rentas más altas pagan impuestos inferiores a los de la mayoría de los franceses.