La ONG PROEM-AID, tres de cuyos bomberos sevillanos fueron tenidos en enero en la isla de Lesbos mientras participaban en operaciones de rescate de refugiados, ha reclamado este martes ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que se cambie la normativa europea que permite a los Estados miembros criminalizar a gente que presta ayuda.
"No nos parece justo estar acusados de lo que estamos por intentar hacer lo que otros no hacen", ha afeado Manuel Blanco, cofundador de PROEM-AID, en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que ha debatido este martes su denuncia.
Blanco ha defendido que realizan una labor "voluntaria y gratuita" para ayudar a las personas pero también "a las administraciones locales" y ha defendido que "lo primero" que hicieron al llegar a Grecia fue contactar con las autoridades helenas para ofrecerles ayuda y remitirles la documentación que certificaba que eran bomberos profesionales y ha recordado que éstas aceptaron su ayuda "gustosamente" y estuvieron trabajando con ellos "durante mucho tiempo" a la luz de que la crisis de refugiados sobrepasaba sus "escasos medios".
"He hecho un gran paréntesis en mi vida porque vi imágenes en la televisión que removieron mi alma. Niños que aparecían ahogados", ha dicho, defendiendo que han representado "la mejor cara de Europa" al rescatar a las personas en el mar y darles la "bienvenida" a Europa sin preguntar por su nacionalidad.
La abogada de la ONG, Paula Schmid Porras, ha denunciado que "la directiva de facilitación viola el Derecho Internacional" y ha explicado que su "problema" radica en la llamada "cláusula humanitaria que deja la puerta abierta a que los Estados miembro apliquen legislaciones nacionales que permiten criminalizar a aquellos que asisten a los inmigrantes, incluso si el objetivo del comportamiento es dar asistencia".
"La directiva de facilitación viola el Derecho Internacional. De forma flagrante va en contra y viola el Derecho Internacional Humanitario, la ley internacional del Mar, el Protocolo contra el tráfico humano de Naciones Unidas y las recomendaciones del plan de acción de la UE contra el tráfico humanitario", ha defendido la letrada.
La representante de Inmigración de la Comisión Europea, Simona Ardovino, ha dejado claro que "la ley de la UE no tiene por objetivo criminalizar la asistencia a los inmigrantes vulnerables en sí" y ha recordado que el plan de acción de la UE contra el tráfico de inmigrantes defiende que "nadie" que "da una asistencia humanitaria genuina" debe ser "castigado" por ello, mientras que la ley internacional del mar "obliga" a los Estados miembros a prestar socorro en caso de naufragio.
Sí ha reconocido que "lo que crea confusión es la naturaleza optativa de la llamada cláusula humanitaria" contenida en el artículo 1 de la directiva, que "afecta sólo a la facilitación de entrada o tránsito ilegal" en la Unión y ha reconocido que la norma "da la posibilidad" a los Estados miembros de eximir de dicha criminalización.
"Claro esto solo es una opción optativa para los Estados miembro, no es una obligación hasta ahora", ha precisado la funcionaria comunitaria, que ha precisado que siete Estados miembro, entre ellos España, Grecia, Italia y Malta, han aprobado "una exención explícita a la criminalización en su legislación nacional".
También ha instado a la ONG a remitirle "cualquier información útil y pruebas" sobre prácticas de criminalización y ha aclarado que la Comisión Europea está realizando "una evaluación" de la normativa europea, que prevé adoptarla "en las próximas semanas", sin dar más detalles de posibles cambios que se podrían proponer en la normativa.
Todos los grupos de la Eurocámara han apoyado a la ONG y han respaldado modificar la normativa europea para impedir que las personas que prestan ayuda humanitaria puedan ser criminalizados.
El eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha insistido en que es una causa "justa" derivada de "una interpretación distorsionada" de la norma para "traicionar" los valores europeos, mientras que la eurodiputada de IU, Ángela Vallina, ha considerado "absolutamente inadmisible" que cualquier legislación permita enjuiciar a personas que hace una labor humanitaria y la eurodiputada liberal independiente, Beatriz Becerra, ha reclamado que "lo opcional debe ser obligatorio".
El eurodiputado de ERC, Josep Maria Terricabras, también ha considerado "inconcebible" que se criminalice a quienes ayudan "altruistamente". "Esto es un contrasentido. No podemos ser cómplices de esto", ha dicho. También el eurodiputado liberal independiente Enrique Calvet, se ha declarado "indignado" ante la seriedad de los cargos contra los tres sevillanos, acusados de "tráfico de personas".
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha acordado mantener abierta la denuncia de la ONG a la espera de conocer la evaluación de las normas de la Comisión Europea.
La presidenta de la comisión europarlamentaria, eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, ha agradecido la labor de la ONG tras recordar que el Mediterráneo "es hoy un enorme cementerio" en el que han muerto casi 6.500 personas en 2016 según datos de ACNUR y ha admitido que un informe solicitado por la Eurocámara concluyó que existían "inconsistencias y zonas grises" en la normativa.