El expresidente ha sido acusado de corrupción pasiva, mientras que sobre el resto de los mencionados pesa una acusación de blanqueo de dinero, según ha informado el portal G1 del grupo brasileño O Globo.
Esta acusación está relacionada con dos casos distintos. Por un lado, por la compra de un terreno que iba a ser utilizado para la construcción de una sede del Instituto Lula y por el otro, por el alquiler de un apartamento ubicado muy cerca de la residencia del expresidente.
Según la Policía, ambos casos están relacionados con el pago de comisiones ilegales de la constructora Odebrecht a Lula da Silva. Si bien son asuntos diferentes, el delegado que ha presentado la acusación, Márcio Adriano Anselmo, sostiene que deberían unirse por "tratarse de hechos correlacionados".
Las autoridades apuntan a que el exministro distribuía comisiones de Oderbrecht al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva, y que utilizaba su influencia para favorecer los intereses tanto del contratista como del GObierno federal.
Según la investigación, Lula da Silva fue uno de los beneficiarios de esas comisiones; parte de las cuales fueron destinadas a la compra del terreno, que se iba a utilizar para la construcción del instituto, sin que este paso se haya materializado finalmente.