La lista de detenidos --que incluye oficiales así como militares de bajo rango del Ejército, la Naval, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional- es la imagen más clara hasta la fecha de la insatisfacción y la disidencia dentro de las filas militares de Venezuela, integrada por aproximadamente 150.000 hombres.
Los registros, que detallan a los prisioneros detenidos en tres cárceles venezolanas, muestran que desde abril casi 30 miembros de las fuerzas han sido detenidos por desertar o abandonar su puesto y casi 40 por rebelión, traición o insubordinación. La mayoría de los prisioneros militares restantes fue acusados de robo.
Un grupo de 91 está en Ramo Verde, una prisión cerca de Caracas en la que también está arrestado uno de los líderes de la oposición: Leopoldo López. Otras dos decenas están en la prisión de Pica, en la ciudad nororiental de Maturín, y ocho en la cárcel de Santa Ana, en el estado occidental de Táchira, cerca de la frontera con Colombia.
En medio de una profunda crisis económica, millones de venezolanos sufren por la escasez de alimentos y una elevada inflación. Incluso dentro de las fuerzas armadas, los salarios comienzan con el sueldo mínimo, equivalente a alrededor de 12,5 dólares al mes al tipo de cambio del mercado negro, y en privado algunos miembros admiten ser mal pagados y subalimentados.
Desde que la oposición comenzó sus protestas hace más de tres meses, varios funcionarios de seguridad han hecho público su descontento.
El más expuesto fue un policía que robó un helicóptero y atacó edificios oficiales la semana pasada, alegando que una facción dentro de las Fuerzas Armadas se opone al Gobierno del presidente.
Los documentos militares vistos por Reuters, que cubren las detenciones hasta mediados de junio, parecían apoyar las afirmaciones de los líderes de la oposición de que la ira y la disidencia entre los soldados que viven difíciles condiciones económicas está más extendida.
"Demuestra baja moral y descontento y, por supuesto, necesidad económica", ha explicado un general retirado del Ejército sobre las detenciones, pidiendo no ser nombrado por temor a represalias.
Los venezolanos ven a las Fuerzas Armadas como el principal agente de poder en su nación. Los líderes de la oposición han exhortado repetidamente a los líderes militares a romper con el presidente socialista Nicolás Maduro.
Maduro dice que es víctima de una "insurrección armada" orquestada por sus adversarios con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos que buscan ganar el control de la vasta riqueza petrolera de la nación miembro de la OPEP. Afirma que los altos mandos militares han estado de pie junto a él.
"Hay muchos que están buscando (...) unos 'rambitos' aquí dentro de la fuerza armada, pero no lo van a conseguir", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un vídeo publicado en las redes sociales el lunes, aludiendo a la especulación de un golpe de Estado militar.
Alrededor de 90 personas han muerto desde abril.
"Marcha contra la dictadura"
La coalición opositora ha llamado a los venezolanos a marchar desde 40 puntos de Caracas para confluir en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que exigirán la activación de los artículos 333 y 350 de la Constitución sobre la defensa de la Carta Magna.
Además, el jefe del grupo parlamentario de la MUD, Stalin González, ha anunciado que este mismo jueves la coalición opositora presentará una denuncia ante la Fiscalía General por el "secuestro" de los diputados a manos de lo que ha denominado "paramilitares" al servicio del Gobierno de Nicolás Maduro, según informa 'El Nacional'.
En torno al mediodía del miércoles, civiles armados que llevaban desde primera hora merodeando por la zona entraron en el Congreso y retuvieron durando ocho horas a 120 trabajadores, 108 periodistas y 94 diputados, muchos de los cuales resultaron heridos.
El asalto a la Asamblea Nacional ha concluido cuando finalmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), encargada de proteger el hemiciclo, ha establecido un cordón de seguridad para poder evacuar a las personas retenidas en la sede legislativa.
La MUD ha acusado al Gobierno de orquestar este ataque. El excandidato presidencial Henrique Capriles ha responsabilizado en concreto al vicepresidente, Tarek El Aissami, por unas declaraciones recientes en las que animó a los 'chavistas' a actuar contra la Asamblea Nacional.
Maduro se ha apresurado a condenar estos "hechos" que ha calificado de "extraños". "Condeno absolutamente esos hechos hasta donde los conozco en este momento (...) Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia", ha declarado al término de un desfile militar por el Día de la Independencia.
"Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas, venga de donde venga. Los hechos suscitados hoy en la Asamblea Nacional, son inaceptables", ha dicho, por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta oficial en Twitter.
El asalto al Parlamento se ha producido justo cuando los diputados se disponían a aprobar la convocatoria del referéndum que la MUD planea celebrar el 16 de julio para que los venezolanos decidan si es necesario hacer una Asamblea Constituyente, tal y como pretende Maduro.
No es la primera vez que la Asamblea Nacional sufre un ataque. Los incidentes de este tipo se han repetido desde que la MUD ganara las elecciones parlamentarias de 2015 obteniendo una mayoría absoluta que cambió el equilibrio de poder en el Congreso tras décadas de hegemonía 'chavista'.
Este ataque se enmarcan en la ola de violencia que recorre Venezuela por la represión de las manifestaciones opositoras. Desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron las protestas de la MUD, unas 90 personas han muerto y miles han resultado heridas, de acuerdo con la Fiscalía.
La MUD, apoyada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y por la Organización de Estados Americanos (OEA), acusa a Maduro de interferir en los demás poderes del Estado para mantenerse en el Palacio de Miraflores. El 'chavismo', por su parte, denuncia un "golpe de Estado".
Desde que comenzaron estas protestas en abril han muerto 91 personas.