Todos ellos trabajaban o estaban afiliados a la ONG Training and Human Development (TRACKS), con sede en la capital, Jartum, y fueron detenidos hace alrededor de tres meses, si bien aún no han sido juzgados.
Los seis han sido acusados por la Fiscalía de Seguridad Estatal por conspiración criminal, minar el sistema constitucional, lanzar una guerra contra el Estado, espionaje y terrorismo.
El relator especial sobre derecho de asamblea y asociación, Maina Kiai, ha afirmado que "es probable que esta sentencia tenga un efecto espeluznante sobre los defensores de los Derechos Humanos de Sudán".
Por su parte, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, ha recordado que "la pena de muerte es una forma extrema de castigo", agregando que "sólo debe ser aplicada tras un juicio justo que respete las más estrictas garantías".
"Estoy seriamente preocupada por el hecho de que cualquier juicio contra estas seis personas no cumpla con estos principios", ha añadido.
Los relatores han expresado además su preocupación por el "creciente acoso e intimidación" de miembros clave de la sociedad civil del país, así como por las limitaciones a la libertad de expresión y asociación.
"Existe la necesidad urgente de que el Gobierno de Sudán les permita llevar a cabo sus actividades en un ambiente abierto y seguro", ha recalcado el experto independiente sobre la situación de los Derechos Humanos en Sudán, Aristide Nononsi.