"Me ha sorprendido ver cada vez más pruebas de diferentes medidas que han impuesto una enorme presión sobre la sociedad civil australiana", ha señalado Forst, tras su primera visita al país.
Si bien ha reconocido la tradicional defensa de la democracia constitucional, del estado de derecho y de la libertad de expresión, Forst ha señalado que en lugar de encontrarse en Australia ciertas garantías y ambientes favorables a los defensores de los Derechos Humanos, se ha encontrado una serie de medidas que reducen los derechos de estos activistas.
En este sentido, el relator se ha encontrado "desde la intensificación la legislación sobre los secretos hasta la aparición de leyes contra las manifestaciones".
"Estas leyes no sólo han acentuado las diferencias entre los compromisos declarados por el Gobierno en los foros internacionales y su puesta en marcha dentro del país", ha criticado, "sino que también ha agravado la situación de reducción de financiación" por parte del Gobierno.
Asimismo, ha lamentado la "frecuente demonización pública" de los defensores de los derechos por parte de altos cargos del Gobierno, en un intento por "desacreditar, intimidar y disuadirlos de realizar su legítimo trabajo".
"Los medios de comunicación y actores empresariales han contribuido a esta estigmatización", ha lamentado Forst, señalando que "ambientalistas, informantes, sindicalistas e incluso individuos, como médicos, profesores o abogados que protegen los derechos de los refugiados se han llevado la peor parte de los ataques verbales" en el país.
"Incluso la presidenta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, la profesora Gillian Triggs, se ha tenido que enfrentar a la intimidación por parte del Gobierno y se ha cuestionado públicamente su integridad, su imparcialidad y su juicio", después de una investigación del órgano sobre los daños recibidos por un menor de edad en un centro de detención de inmigrantes.
"TODO PUEDE MEJORAR"
Forst ha subrayado que el Gobierno de Australia ha realizado a lo largo de la historia numerosos esfuerzos por cumplir sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, por lo que ha calificado de "desafortunada" la combinación de las leyes y prácticas impulsadas por el Gobierno y el "efecto paralizante" que están teniendo en la sociedad civil.
No obstante, ha señalado que la situación puede "revertirse y mejorar". "El Gobierno debe volver a recuperar la confianza en los defensores de los Derechos Humanos", ha recomendado.
"Por eso, insto al Ejecutivo a considerar la adopción de un plan nacional sobre Derechos Humanos, a través de consultas significativas con la sociedad civil", ha explicado.
Durante su visita de dos semanas a Australia, a invitación del propio Gobierno, el experto se ha reunido con numerosos altos cargos, tanto estatales como federales, y miembros del Parlamento y de la judicatura, además de defensores de Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y empresarios.
Su informe definitivo sobre esta visita, con sus impresiones y recomendaciones, lo presentará al Consejo de Derechos Humanos el próximo año.