En su último informe para el Consejo de Derechos Humanos, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea, Sheila B. Keetharuth, ha declarado que "en Eritrea se tenían que haber tomado medidas para proteger los Derechos Humanos hace mucho tiempo" y ha subrayado que "el Gobierno no ha cumplido ninguna de sus promesas".
"Lamento informar de que, de momento, el Gobierno eritreo no ha hecho ningún esfuerzo por poner fin a las violaciones de Derechos Humanos que la Comisión de Investigación de Derechos Humanos en Eritrea calificó de crímenes contra la humanidad", ha dicho Keetharuth.
En octubre de 2016 la Comisión concluyó que el Gobierno de Eritrea carecía "de voluntad política" y de "capacidad institucional" para perseguir los crímenes documentados y emplazó a la Asamblea General de Naciones Unidas a investigar los "crímenes contra la Humanidad" cometidos en Eritrea desde 1991.
La relatora ha instado a las autoridades a superar el discurso que ha utilizado durante los últimos cinco años al dirigirse al Consejo de Derechos Humanos. "El Gobierno de Eritrea debe poner en práctica sus obligaciones conforme a lo establecido en los acuerdos de Derechos Humanos", ha dicho.
SIN CAMBIOS SUSTANCIALES
Keetharuth ha explicado que si bien Eritrea ha intensificado su interacción con algunas organizaciones, nada ha cambiado sustancialmente en el terrero. En el informe se sugieren ámbitos concretos de actuación urgente, que tienen como objetivo ayudar al Consejo de Derechos Humanos a desarrollar actuaciones específicas, y se incluyen plazos determinados para evaluar si se han producido cambios significativos, según un comunicado de la ONU.
"Esos objetivos concretos y de duración determinada ayudarán a los estados miembros a evaluar el progreso de Eritrea, y espero que a partir del próximo año podamos celebrar las primeras mejoras tangibles que supongan un cambio en la vida de las personas en Eritrea", ha afirmado.
El país, según ha señalado la relatora especial, no dispone de Constitución y carece de las instituciones fundamentales que sustenten una sociedad de Estado de derecho. Eritrea no tiene un poder judicial independiente, un Parlamento elegido democráticamente o una asamblea legislativa. Además, carece de partidos de oposición, medios de comunicación independientes u organizaciones de la sociedad civil que no dependan del gobierno.
"Las autoridades de Eritrea se han negado a comprometerse conmigo un año más", ha dicho Keetharuth. No obstante, muchos grupos han aprovechado la oportunidad ofrecida por Naciones Unidas y han utilizado el espacio para expresar sus opiniones, expresar sus ideas y poner de relieve sus preocupaciones. "Un espacio que el Gobierno continúa negándoles en casa", ha criticado la relatora. "Corresponde a las autoridades de Eritrea dialogar con el pueblo respetando y protegiendo sus derechos", ha declarado.
Keetharuth ha criticado que el Gobierno no haya mostrado voluntad por poner fin a esta impunidad pese a los llamamientos de la comisión de investigación, y ha asegurado que Eritrea continuará siendo vigilada de cerca a pesar de la falta de acceso. "El Gobierno se niega a abrir sus puertas a expertos internacionales para llevar a cabo una revisión integral de la situación de los Derechos Humanos", ha denunciado.