En su comunicado, ha mostrado su preocupación por el proyecto de ley, que ya ha sido aprobado en primera lectura por el Parlamento, agregando que la Knesset "no debería dar 'luz verde' a este robo cambiando la ley".
En este sentido, Lynk ha manifestado que la legalización retroactiva de estos asentamientos "sería otro elemento para impedir la solución basada en dos estados".
"Estos asentamientos socavan el derecho de los palestinos a la autodeterminación, violan sus derechos a la propiedad, libertad de movimientos y de desarrollo, y les siguen confinando en porciones de territorio cada vez más pequeñas y no contiguas en su propio territorio", ha argumentado.
Por último, ha recordado que una potencia ocupante no puede transferir su población civil al territorio ocupado, recalcando que supone una violación de la Cuarta Convención de Ginebra.
El Derecho Internacional contempla todos los asentamientos como ilegales, si bien Israel diferencia entre aquellos a los que ha concedido permiso y los que no, que son los que se verían afectados por esta legislación.
El último borrador de la Ley de Formalización contempla la legalización de todos aquellos que hayan contado con apoyo del Estado, y no los establecidos fuera de la planificación de las autoridades.