"Claramente, Israel apuesta por fortalecer su ocupación militar y su empresa ilegal de asentamientos, reafirmando una vez más su intención de desplazar a Palestina y reemplazarla con el 'Gran Israel", ha dicho, según ha informado la agencia palestina de noticias Maan.
"En lugar de ser parte de la ilegal violación del Derecho Internacional y sus convenciones, la comunidad internacional debería hacer que Israel rindiera cuenta por actuar al margen de la ley antes de que destruya de forma indefinida la posibilidad de un Estado palestino viable, la paz y la estabilidad", ha agregado.
La aprobación de dichas unidades de vivienda será abordado por el Alto Consejo de Planificación de Judea y Samaria, que se reunirá el 16 y 17 de octubre por primera vez desde el mes de junio.
Las fechas han sido confirmadas después de que los líderes de los asentamientos criticaran al primer ministro, Benjamin Netanyahu, ante la posibilidad de que la reunión no se celebrara.
Fuentes oficiales citadas por el diario han indicado que "no hay nadie más preocupado por los asentamientos que Netanhayu", resaltando que "esto se demostrará la semana que viene".
Netanyahu ha insistido en que Israel puede continuar con la construcción en los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, pese a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por intentar llevar a israelíes y palestinos a la mesa de negociaciones.
Fuentes de la Casa Blanca citadas por 'The Jerusalem Post' han resaltando que "la Administración (estadounidense) ha dejado claro que la actividad sin restricciones en los asentamientos no ayuda a avanzar en el camino a la paz".
"El presidente Trump ha expresado en público y en privado sus preocupaciones sobre los asentamientos", han dicho, agregando que "por otra parte, la Administración (estadounidense) reconoce que las demandas en el pasado para una congelación en los asentamientos no ayudaron a avanzar las conversaciones de paz".
Los asentamientos israelíes están considerados como ilegales por el Derecho Internacional, si bien el Gobierno del país diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no.