"Las investigaciones se han abierto contra cuatro hombres y cuatro mujeres", ha confirmado al diario alemán 'Spiegel' el investigador principal, Jens rommel. "Los ocho trabajaron en el campo de concentración de Dánzig", ha añadido. Los cuatro varones habría trabajado como guardias de seguridad, mientras ellas eran o bien secretarias o bien teleoperadoras.
Todos ellos tienen entre 93 y 98 años. Tal y como recoge la edición alemana del diario 'The Local', las autoridades alemanas también están investigando a otros sospechosos que trabajaron en otros campos de concentración, como el de Bergen-Belsen, en el estado de Baja Sajonia, o el de Neuengamme, en Hamburgo.
El de Stutthof fue el primer campo de concentración nazi construido fuera de Alemania y el último en ser liberado en 1945.
CAMBIO EN LA JUSTICIA
Durante décadas, Berlín no ha luchado por llevar a los extrabajadores de campos de concentración durante la época nazi ante la Justicia ya que en 1969, un tribunal federal emitió un fallo indicando que un simple trabajador de uno de los campos no suponía que este fuera cómplice de asesinato.
No obstante, el marco legal para procesar a exnazis cambió en 2011, con la condena de John Demjanjuk, quien había sido guardia de prisiones en un campo de concentración.
Fue condenado en mayo por su complicidad en el extermino de 28.000 judíos del campo de concentración de Sobibor (Polonia) en 1943, y falleció a los 91 años de edad en una residencia de ancianos de Rosenheim (sur de Alemania), donde se encontraba en libertad debido a su avanzada edad.
Durante los últimos años, Alemania parece haber experimentado un nuevo impulso en sus esfuerzos por condenar a funcionarios de bajo nivel que tuvieron algún tipo de vinculación con la maquinaria del Holocausto. Así, en julio de 2015, un tribunal del norte de Alemania condenó a Oskar Gröning, el 'contable de Auschwitz', a cuatro años de prisión.
Este mismo año, en junio, un tribunal de Detmold condenó a cinco años de prisión a Reinhold Hanning, de 94 años de edad, por su complicidad en el exterminio de 170.000 personas. A pesar de que la defensa de Hanning argumentaba que el exoficial de las SS jamás asesinó, golpeó o abusó de nadie, la jueza Anke Grudda dictaminó que la mera participación del guardia en las tareas habituales de funcionamiento del campo, por su propia voluntad, le convertían en cómplice.