Fuentes de la prisión de la ciudad de Nasiriya, donde se han llevado a cabo las ejecuciones, han detallado que los ajusticiados eran de nacionalidad egipcia, tunecina, libia, sudanesa, siria, jordana y palestina.
El Gobierno de Irak ejecutó el 31 de agosto a 36 milicianos del grupo yihadista Estado Islámico condenados a muerte por la matanza de cientos de soldados, en su mayoría chiíes, en una base al norte de Bagdad en 2014.
Los 36 fueron sentenciados por el asesinato de unos 1.700 soldados que huyeron de Camp Speicher, una antigua base militar estadounidense al norte de Tikrit, ciudad natal de Sadam Hussein, después de que fuera atacada por Estado Islámico en su fulgurante ofensiva de ese año.
Tras ello, Naciones Unidas denunció las ejecuciones y aseguró que a los condenados se les denegó el acceso a una defensa adecuada, argumentando que su ajusticiamiento fue "alimentado por la venganza".
El Gobierno iraquí ha estado siendo presionado por el sector político chií para ejecutar a supuestos milicianos yihadistas, después de que tuviera lugar un grave atentado terrorista el pasado 3 de julio en la capital, Bagdad, en el que perdieron la vida unas 324 personas.
Pocos días después del ataque, que fue reivindicado por Estado Islámico y tuvo lugar en uno de los distritos comerciales más populares de la ciudad, el Ministerio de Justicia anunció la ejecución de siete personas.
No es la primera vez que la comunidad internacional denuncia abusos a prisioneros por parte de las autoridades iraquíes. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a día de hoy hay unas 1.200 personas en el corredor de la muerte.
De acuerdo con los datos de la organización no gubernamental Amnistía Internacional correspondientes a mediados de agosto, en lo que va de año han sido ejecutadas 81 personas en Irak, y unas 123 han sido sentenciadas a muerte.