La firma ha admitido haber pagado 92 millones de dólares (más de 82 millones de euros) en sobornos para obtener contratos públicos, una táctica similar a la que habría utilizado en otros países y que, en el caso de República Dominicana, salpica tanto a empresarios como políticos.
Entre los cargos que imputa la Fiscalía figuran blanqueo de capitales, soborno y falsedad documental, informa la prensa dominicana. El procurador general, Jean Alain Rodríguez, ya ha pedido al Congreso Nacional que retire la inmunidad a los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como el diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Rodríguez ha reclamado 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados. El procurador ha subrayado que se trata de "un hecho sin precedentes" en el país caribeño que se habría extendido entre los años 2001 y 2014.