Las autoridades de Sri Lanka no han logrado llevar ante la justicia a los responsables del ataque a 17 trabajadores de la organización humanitaria Acción Contra el Hambre (ACH), que fueron asesinados en 2006 por varios hombres armados en la localidad de Mutur, en el este del distrito de Trincomalee, en el marco de la guerra civil, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW).
La ONG, que ha alertado de la urgencia de una intervención a nivel internacional para que el caso pueda cerrarse, ha instado al tribunal especial establecido por el presidente, Maithripala Sirisena, a garantizar que el asesinato de los miembros de ACH sea investigado de forma justa, llevando a los responsables a juicio independientemente de cuáles sean sus cargos o posiciones sociales.
"El fracaso a la hora de imponer justicia en relación con la masacre de los trabajadores de ACH se encuentra en primera posición en la lista de crímenes que no han sido resueltos de manera efectiva", ha indicado James Ross, director legal de HRW. "La impunidad en relación con el caso de ACH muestra por qué los tribunales que llevan casos de crímenes de guerra deben estar bajo supervisión internacional en aras de impedir cualquier tipo de presión política estatal", ha aseverado.
El asesinato de los trabajadores de ACH tuvo lugar en 2006 tras varios días de enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y los separatistas Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), que combatían por el control de Muttur. El equipo se encontraba en la zona proporcionando ayuda humanitaria a los supervivientes del tsunami que había tenido lugar en el océano Índico en diciembre de 2004.
LA EXONERACIÓN DE PRESUNTOS CULPABLES
Después de recoger diversos testimonios y analizar las armas utilizadas en el ataque, la Universidad de Profesores para los Derechos Humanos señaló a las fueras de seguridad del Gobierno como principales responsables. La institución denunció un posible encubrimiento de dos agentes de Policía y alertó de que varios comandos especiales de la Marina estarían también involucrados.
En 2007, el presidente Rajapaksa estableció una comisión presidencial para investigar casi una veintena de casos, entre los que se encontraba el de ACH. Las familias de los trabajadores asesinados testificaron frente a la comisión, donde denunciaron amenazas por parte de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la comisión internacional que supervisaba el caso dimitió un año después, alegando problemas en el desarrollo interno de las investigaciones. El informe de la comisión no fue publicado hasta 2015, y en él se estableció una aparente falta de pruebas para esclarecer la responsabilidad del ataque, lo que ha supuesto la exoneración de las Fuerzas Armadas y la Marina de Sri Lanka, señalando a las milicias del LTTE como principales culpables.
El Gobierno de Rajapaksa, enfrentándose a una creciente presión internacional, instó en 2013 a investigadores y abogados a revisar el caso y preparar una lista de testigos. Según HRW, desde entonces no se han tomado nuevas acciones legales. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha afirmado que "una manera de recuperar la confianza pública e internacional es perseguir a los culpables y enfrentarse a sus obligaciones cerrando con éxito los casos que están relacionados con los Derechos Humanos".
DIEZ AÑOS DE ESTANCAMIENTO JUDICIAL
El caso de ACH lleva años estancado en el proceso inicial de investigación a pesar de que el Gobierno ha "renovado los esfuerzos para garantizar que aparezcan testigos", según Al Hussein. El Gobierno de Sirisena ha dado importantes pasos a la hora de perseguir los crímenes de guerra en el país como parte de los compromisos llevados a cabo en 2015 por el Consejo de Derechos Humanos, que según HRW no han sido llevados a cabo de forma efectiva.
La resolución de octubre de 2015 establece resoluciones significativas para la inclusión de jueces, investigadores, abogados y fiscales a nivel internacional para garantizar la independencia del proceso legal, según HRW. Sirirena, por su parte, ha afirmado en varias ocasiones que el mecanismo de justicia no contará con magistrados extranjeros. No obstante, el Ministro de Asuntos Exteriores, Mangala Samaraweera, manifestó que "el compromiso estatal con el convenio de Ginebra no ha variado".
"El Gobierno debe honrar su promesa internacional y avanzar mediante la intervención de un tribunal formado por jueces extranjeros", ha zanjado Ross. "Las familias de los 17 trabajadores de ACH y otras víctimas necesitan depositar su confianza en los tribunales para que haya justicia", ha concluido.