La ONG ha señalado que el caso "es parte de la cada vez más violenta campaña gubernamental para evitar unas elecciones justas y libres en 2018", agregando que el primer ministro, Hun Sen, "está usando todos los trucos para neutralizar a la oposición".
"El caso de Kem Sokha es el último de los juicios motivados políticamente contra la oposición, activistas, trabajadores humanitarios e intelectuales de Camboya", ha lamentado el director de HRW para Asia, Brad Adams.
Por ello, la organización ha resaltado que, además de retirar los cargos contra Sokha, las autoridades deben liberar a todos los presos políticos y poner fin a la represión política para permitir unos comicios justos.
Las acusaciones en contra de Sokha derivan de una conversación telefónica grabada por el servicio secreto en la que el dirigente hablaba con una mujer, con la que según el Gobierno, estaba manteniendo una relación ilícita.
La oposición defiende que el primer ministro está utilizando el poder judicial para debilitarles de cara a las elecciones y evitar que se produzca la misma situación que en los pasados comicios de 2013, que estuvieron muy reñidos y casi le quitan el poder a Sen.
El presidente del CNRP, Sam Raysi, vive en el exilio de forma voluntaria para evitar su arresto, después de que el año pasado las autoridades reabrieran un antiguo caso de difamación en su contra por el cual ya había sido exculpado.
Naciones Unidas ha alzado la voz de alarma ante las tensiones entre el partido de la oposición y el gobierno tras los arrestos e intentos de arresto de diversos políticos opositores. La Unión Europea a su vez, ha hecho un llamamiento para que se detenga el "acoso judicial" al CNRP.
El Gobierno de Camboya, por su parte, ha defendido que "los criminales tienen que pagar por sus delitos" y niega rotundamente que los cargos tengan un carácter político.