La Cámara Baja aprobó la medida por 216 votos a favor, 54 en contra --entre ellos el de la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo-- y una abstención, según la cadena de televisión ABS-CBN. Ahora será el Senado el que debe tomar la decisión y si aprueba una norma similar, el presidente, Rodrigo Duterte, la sancionará.
"Si el Senado de Filipinas aprueba una ley similar, como se espera que ocurra, y el presidente la sanciona y la convierte en ley, esto será un doble revés, tanto para los Derechos Humanos en el país como para la campaña internacional para abolir la pena capital", ha señalado Conde, en un comunicado.
Conde ha recordado que durante la última década, el país ha sido "un líder regional" en el Sudeste Asiático en el marco de esta campaña. Filipinas fue el primer país asiático en abolir la pena capital en 1987, si bien el expresidente Ferdinand Marcos volvió a imponerla en 1993. Bajo su mandato, Gloria Macapagal Arroyo la volvió a abolir en 2006.
"En 2007 ratificó el protocolo opcional de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la abolición de la pena de muerte, el primer país en la región en hacerlo", ha explicado el investigador.
"Desde entonces, ha apoyado varias resoluciones de Naciones Unidas para reafirmar una moratoria a la pena capital en todo el mundo", ha añadido. "Ahora Filipinas tendrá la dudosa distinción de ser el primer país que es parte del protocolo y que restablece la pena de muerte", ha lamentado.
El restablecimiento de este tipo de sanción fue una de las principales promesas de campaña de Duterte, que accedió a la Presidencia en junio del año pasado. El presidente de la Cámara de Representantes, Pantaleón Álvarez, ha venido amenazando a los diputados con perder sus cargos en los comités del Congreso si no respaldaban la propuesta de recuperar la pena capital.
"Junto con la brutal 'guerra contra las drogas' del Gobierno de Duterte, en la que la policía y los denominados 'vigilantes' no identificados han matado a cerca de 8.000 personas desde julio, la aprobación de esta ley representará un doble golpe a los Derechos Humanos en Filipinas", ha asegurado.
"Por un lado, la pena de muerte no sólo es un castigo inherentemente cruel que se impone invariablemente de forma injusta, sino que, al contrario de lo que dice Duterte, no ha demostrado que disuada a los delincuentes", ha añadido. "Añadir una apariencia de legalidad al baño de sangre de Filipinas hará que detener el crimen sea aún más difícil", ha concluido.
La ley propuesta sólo considera punibles con la pena capital los delitos relacionados con las drogas, frente a los 21 inicialmente propuestos, que habían sido reducidos posteriormente a cuatro, incluidos expolio, traición y violación.