Este pacto establece que los rohingya empezarán volver a Birmania a partir del 23 de enero del año próximo, un plazo que HRW ha considerado imposible de cumplir. Por ello, ha insistido en que los financiadores de la repatriación deben presionar para que tanto Bangladesh como Birmania acepten que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se una al acuerdo para así garantizar que éste se ajuste a los estándares y a la legislación internacionales.
Del mismo modo, HRW ha asegurado que la repatriación en condiciones seguras de los rohingya no será factible hasta que el Gobierno birmano demuestre su disposición y su capacidad de asegurar un respeto total a los Derechos Humanos de los refugiados, un igual acceso a la nacionalidad y su seguridad.
El director de HRW sobre derechos de refugiados, Bill Frelick, ha afirmado que "este acuerdo parece un esfuerzo en materia de relaciones públicas por parte de Birmania para cerrar rápidamente este desagradable capítulo más que un serio esfuerzo por restaurar los derechos de los rohingya y por permitirles regresar de manera voluntaria, con seguridad y dignidad". A ello ha añadido que "Birmania aún tiene que terminar con los abusos militares contra los rohingya y ser capaz de crear las condiciones que les permitan volver a casa seguros".
Birmania y Bangladesh firmaron este pacto el pasado 23 de noviembre con vistas a posibilitar el retorno de cientos de miles de rohingya que huyeron del estado birmano de Rajine después de las dos últimas olas de violencia del 9 de octubre y el 25 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad birmanas llevaron a cabo campañas de "limpieza étnica". Se estima que más de 645.000 rohingya han huído a Bangladesh y han solicitado asilo.
LAGUNAS EN EL PACTO
Sin embargo, este acuerdo no hace ninguna referencia a las causas por las que la mayoría de ellos se han visto obligados a desplazarse, tales como asesinatos, violaciones e incendios provocados de manera masiva por el Ejército birmano, ha denunciado la ONG. Tampoco trata de identificar a los desplazados como rohingya o simplemente como refugiados.
De acuerdo con HRW, el pacto también indica que las autoridades de Naipyidó podrán "tomar las medidas necesarias para detener la salida de residentes de Birmania hacia Bangladesh", lo que es bastante preocupante, ya que cualquier persona tiene derecho a huir de la persecución en su propio país.
El acuerdo tampoco hace referencia directa al principio de no devolución --el cual prohíbe el retorno forzoso de refugiados a lugares en los que su vida o su libertad se vea amenazada-- y restringe la libertad de movimiento de los retornados al estado de Rajine.
Por otra parte, se observan diferencias notorias entre los futuros compromisos de Birmania y los de Bangladesh. Por un lado, se asegura que este último país ha de pedir inmediatamente el apoyo de ACNUR para garantizar la seguridad y la voluntariedad de las repatriaciones. Por el contrario, Birmania solo "recurrirá a los servicios de ACNUR en caso de que sea necesario y en el momento apropiado".
Incluso muchos militares birmanos han hecho mención al hecho de ubicar a los rohingya en "campos", lo que sería inaceptable dada la situación de violencia y segregación previa que han sufrido, según HRW, que ha manifestado además que no se debe dejar a los refugiados en asentamientos temporales durante mucho tiempo.