Según el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación señala que: "España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, que tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas".
Así, el Gobierno aprovecha para expresar que "las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común".
En el mismo decreto por el que se nacionalizan estas cuatro empresas --dos distribuidoras eléctricas y dos empresas de servicios-- se prevé que una tercera parte independiente evalúe en un plazo de 180 días el precio de las acciones de las compañías nacionalizadas y determine así la cantidad que deberá abonar el Estado boliviano a Iberdrola.
En ese sentido, el Gobierno ha manifestado que espera que el proceso "se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias, tal y como han reclamado". Asimismo, España señala que "la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia".
El Gobierno recuerda además que estas cuatro empresas "prestaban el servicio público de distribución de electricidad y que nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano".