En un comunicado, difundido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, el Gobierno de Ecuador ha reiterado su "profundo compromiso" con los Derechos Humanos y ha rechazado "todas las aseveraciones" de Lanza y Kaye "sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas".
En este sentido, ha reiterado que Quito sigue lamentando que, "a pesar de haber proporcionado siempre a estas relatorías toda la información sobre el respeto del derecho a la comunicación" que existe en Ecuador "se insiste en manipular los procedimientos de derechos humanos con fines políticos".
"Acciones como estas únicamente contribuyen a aumentar el descrédito de estas instancias y afectan la real protección de los Derechos Humanos", ha denunciado el Gobierno.
La cartera que dirige Guillaume Long ha tildado de "lamentable" que dichas relatorías repitan "los mismos puntos y en el mismo lenguaje de los últimos informes de la CIDH" y ha pedido al relator de la ONU que tenga "más cuidado a la hora de poner su firma en este tipo de documentos.
Asimismo, ha pedido a ambas relatorías que "revisen toda la información remitida por el Estado ecuatoriano" y ha reiterado su petición para que todas estas "imprecisiones, omisiones y errores detectados sean rectificados públicamente y a la mayor brevedad".
Kaye y Lanza han denunciado que la Ley Orgánica de Comunicaciones tiene carencias en cuanto a contenido jurídico preciso y que su aplicación "inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador".
Por ello, han instado a ajustar esta normativa a los estándares internacionales, ya que "toda restricción legal al derecho a la libertad de expresión debe ser lo suficientemente clara y precisa para evitar su aplicación discrecional y arbitraria".