"Los miembros del Consejo de Ministros pusieron sus cargos a disposición del señor presidente para que con plena libertad pueda hacer los cambios que considere convenientes", han anunciado en un comunicado.
Además, "el Gabinete en pleno --incluidos ministros, secretarios y altos consejeros-- ha manifestado su total apoyo al señor presidente".
El pasado 19 de agosto, agricultores, ganaderos y transportistas iniciaron un paro nacional para exigir al Gobierno que aprobara medidas urgentes para mejorar sus condiciones laborales y protegerles del impacto de los tratados de libre comercio.
A lo largo de estas dos semanas se han producido enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas de seguridad, en un principio localizados en zonas rurales, pero finalmente se han extendido a las grandes ciudades, que han expresado su apoyo al campo colombiano.
La mayor jornada de violencia se vivió el pasado jueves, cuando miles de personas marcharon por el centro de Bogotá para apoyar a los huelguistas. Sin embargo, grupos de encapuchados boicotearon la protesta, dando lugar a una batalla campal contra los agentes antidisturbios.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, denunció la infiltración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la marcha de Bogotá y, en consecuencia, propuso juzgar por terrorismo a los detenidos por los disturbios.
Por su parte, el alcalde bogotano, Gustavo Petro, acusó a las bandas criminales de la violencia. "Las 'bacrim' están detrás del sabotaje a la movilización pacífica. Los Paisas contrataron pandillas para destruir y extorsionar", dijo en la red social Twitter.
Finalmente, el pasado sábado Gobierno y campesinos y transportistas llegaron a un acuerdo, tras semanas de negociaciones infructuosas, para deponer una huelga que se ha saldado con cuatro muertos y cientos de heridos y detenidos.