Casi 2.300 supuestos drogadictos y narcotraficanes han muerto desde que el mandatario inició su ofensiva el 30 de junio, según datos de la Policía. Entre los fallecidos figuran más de 1.500 personas que han perdido la vida en operaciones de las fuerzas de seguridad.
Bensouda ha reconocido en un comunicado estar "profundamente preocupada" por estos datos, así como por las justificaciones expresadas por "altos cargos" de Filipinas, incluido el propio Duterte. Las autoridades, ha añadido, "parecen alentar" los crímenes.
Filipinas ratificó el Estatuto de Roma en 2011 y, por tanto, el TPI tiene competencias para investigar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus ciudadanos. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, la corte de La Haya puede abrir un proceso si se demuestra que se trata de una acción "extendida y sistemática" dentro de una política de Estado.