La Fiscalía del Este de El Cairo, encargada de la investigación de los disturbios posteriores a la publicación de la Declaración Constitucional de 2012, habrían pedido ya al fiscal general egipcio, Hesham Barakat, que solicite la asignación de un juez para que Mursi sea interrogado. En concreto, se acusaría a Mursi de cargos relacionados con torturas, intimidaciones e intentos de asesinato.
Por otra parte, la Autoridad de Ganancias Ilícitas ha anunciado la apertura de una investigación contra Mursi por ganancias ilícitas durante su Presidencia. En concreto, investigan cómo el patrimonio de Mursi ha podido incrementarse hasta los dos millones de libras egipcias (unos 214 millones de euros).