La Policía Federal recomendó el 26 de agosto imputar a Lula y su esposa por delitos de corrupción pasiva, falsedad ideológica y blanqueo de capitales, aunque todavía se desconocen los cargos presentados por el Ministerio Público, que los detallará en las próximas horas.
Los investigadores sospechan que Lula aceptó un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de una de las empresas constructoras que se beneficiaron de la trama en la petrolera estatal, que consistía en cobrar comisiones a cambio de contratos públicos.
"Hay indicios de que la empresa participante en el cártel defraudador de Petrobras, OAS, entregó una ventaja indebida por medio de la manutención disimulada de la propiedad y el pago de la reforma del inmueble", dice la Fuerza de Tarea de la 'Operación Lava Jato', según informa 'O Globo'.
El ex presidente aclaró por medio del Instituto Lula que "nunca escondió que su familia compró participaciones de Bancoop para tener un apartamento donde hoy está el Edificio Solaris, algo que fue declarado a la Hacienda Pública". "O sea, pagó dinero, no recibió dinero", recalcó.
Además, explicó que "para tener el apartamento, tanto de hecho como de derecho, sería necesario pagar la diferencia entre el valor de las participaciones y el valor del inmueble". "Y la familia del ex presidente no ha ejercido ese derecho", indicó.
"Por tanto, Lula no ocultó patrimonio, no recibió favores, no hizo nada ilegal", sentenció. Así, "continuará luchando en defensa de Brasil, del Estado de Derecho y de la democracia", dijo el Instituto Lula en un comunicado al destaparse este caso.
Las pesquisas contra Lula ahondan en la grave crisis que sufre el Partido de los Trabajadores (PT), que el pasado 31 de agosto perdió el Gobierno después de que Dilma Rousseff fuera destituida por el Senado en un juicio político por irregularidades contables.