En su comunicado, han criticado la decisión de las fuerzas de seguridad de usar gases lacrimógenos para dispersar una protesta pacífica contra la corrupción en el Gobierno.
Así, han resaltado que "las interferencias en el derecho a la libertad de reunión pacífica son intolerables en cualquier circunstancias", agregando que "son especialmente repulsivas cuando los manifestantes piden al Gobierno que rinda cuentas".
Asimismo, han expresado su preocupación por las agresiones sufridas por varios periodistas que cubrían la manifestación, recordando el derecho a observar e informar sobre estas protestas.
La protesta tuvo lugar frente a la sede de la Comisión de Ética y contra la Corrupción, donde fue convocado a comparecer el secretario principal de Sanidad, Nicholas Muraguri, envuelto en un escándalo de fraude.
Muraguri fue convocado a declarar por el presunto fraude de 5.200 millones de chelines kenianos (unos 46 millones de euros) en la gestión de bienes y servicios.
Kenia se ha visto sacudido en los últimos meses por varios escándalos similares, aumentando la presión sobre el presidente, Uhuru Kenyatta, quien buscará la reelección el año que viene.