El objetivo es hacer un diagnóstico de los fallos en materia de interoperabilidad, intercambio de información y otras acciones contra la radicalización o la financiación ilegal que han podido favorecer la comisión de atentados.
La comisión tendrá carácter temporal (doce meses prorrogables), contará con una treintena de eurodiputados y celebrará sus sesiones a puerta cerrada por abordar cuestiones de seguridad sensibles.
La comisión deberá presentar un informe preliminar y uno final, con los resultados de sus investigaciones, y recomendaciones.
Entre los asuntos que estudiará figura la aplicación de las medidas existentes para el control de las fronteras exteriores de la UE y las trabas para el intercambio de información judicial, policial y de inteligencia entre los países de la UE.
También deberá abordar la repercusión de las leyes y reglas antiterroristas aplicadas por los Estados miembros sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Las campañas y otras acciones para evitar la radicalización y las medidas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo formarán igualmente parte de la agenda.
Por último, evaluarán las mejores prácticas para la protección de objetivos sensibles e infraestructuras clave, como aeropuertos y estaciones ferroviarias.