"Se acaba de tomar la decisión de establecer una misión naval de la UE para desmantelar el modelo de negocio de los contrabandistas y redes de traficantes en el Mediterráneo", ha confirmado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, a través de su cuenta de Twitter.
En una primera fase, la misión, bautizada EUNAVFOR MED y que estará dirigida por el contraalmirante italiano, Enrico Credendino, "apoyaría la detección y supervisión de las redes de migrantes" a través de la recogida de información y patrullas en alta mar de acuerdo con el Derecho Internacional pero sin necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Tampoco la necesitaría para llevar a cabo "el abordaje, inspección, incautación y desvío en alta mar de embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico de personas y el contrabando" de acuerdo con el Derecho Internacional aunque sí se requeriría en el caso de que se hiciera en "aguas territoriales o aguas internas" del estado afectado, es decir Libia o bien contar con su "consentimiento", de acuerdo con el documento para establecer la misión.
Aunque los Veintiocho evitan expresamente hablar de la posible destrucción de las embarcaciones utilizadas por las mafias, contemplan en una tercera fase "tomar todas las medidas necesarias contra una embarcación o sus activos relacionados" incluido deshaciéndose de ellos o haciéndoles inoperativos "en el territorio de ese país" de acuerdo con las condiciones que se fijen en una resolución del Consejo de la ONU o con el consentimiento del país.
"Hoy establecemos la misión en el entendimiento de que facilitará una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que es necesaria para las fases dos y tres", han resumido fuentes diplomáticas.
Mogherini, que ha asegurado en repetidas ocasiones que la misión no prevé el despliegue de militares en suelo libio, ha confiado en que la misión se pueda lanzar en junio, una vez se concluya la planificación de los detalles de la operación "en las próximas semanas".
España está dispuesta a ofrecer un Buque de Acción Marítima (BAM) con un helicóptero y un avión de reconocimiento para la posible operación militar naval de la Unión Europea (UE) contra las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo, según ha anunciado este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
España da prioridad a las cuotas de inmigrantes
Nada más conocerse el principio de acuerdo el Gobierno español ha reaccionado reclamando la necesidad de aclarar qué se haría con los inmigrantes rescatados por la Unión Europea antes de lanzar la misión militar naval europea para combatir a las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo y tener claro la base legal con la que se lanzaría, es decir con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o el mero consentimiento de las autoridades libias.
"El Gobierno español confía en que esas cuestiones, esos flecos, sean aclarados antes del próximo Consejo de Asuntos Exteriores de junio, que es el que debería lanzar la operación", ha reclamado Margallo en la rueda de prensa conjunta con su homólogo de Defensa, Pedro Morenés.
Margallo ha admitido que los Veintiocho han señalado han subrayado como "cuestiones pendientes" de aclarar antes del lanzamiento de la misión la "base jurídica" y "el tratamiento y gestión de los inmigrantes rescatados", así como "el desembarco, distribución de los mismos" precisando que "la inmensa mayoría" de los emigrantes que tratan de llegar a Europa son inmigrantes "por razones económicos y no por razones de protección internacional".
Cuestiona el sistema de reparto
El ministro de Exteriores ha reiterado la necesidad de que el peso del criterio del desempleo y del esfuerzo de acogida de refugiados anterior tengan "un peso mayor" en el reparto de demandantes de asilo que el propuesto por la Comisión Europea.
"Paro y esfuerzo tienen que tener un peso mayor", ha recalcado el ministro, que ha reconocido que no ha obtenido una respuesta a la petición española. "El tema inmigración no ha sido central hoy. Será abordado por los ministros del Interior", ha justificado.
Según la propuesta de Bruselas, España deberá acoger al 9,1% de los demandantes de asilo que se reubicarán en los próximos meses en todos los países de la UE desde los Estados miembros más afectados por la actual crisis migratoria en el Mediterráneo (en particular, Italia, Grecia y Malta).
También tendrá que hacerse cargo de 1.549 personas dentro del programa que Bruselas quiere poner en marcha para transferir a Europa de manera segura y legal a 20.000 demandantes durante los años 2015-2016, según el nuevo sistema de cuotas propuesto este miércoles por la Comisión Europea.
"Se han fijado porcentajes. No se han fijado las cifras definitivas", ha aclarado el ministro, que ha augurado que las cifras anticipadas "se van a quedar muy cortas".
"No se trata de regatear. Se trata de no crear falsas expectativas. Ningún país puede aceptar en su territorio inmigrantes a los que no puede atender en condiciones de dignidad", ha zanjado el jefe de la diplomacia español.
El ministro ha insistido en que "el paro es probablemente el criterio más importante para determinar la capacidad de asimilación o integración en condiciones dignas de los emigrantes que vengan a España" y deber ser "superior" al 10 por ciento propuesto por la Comisión, al igual que en el caso del esfuerzo anterior de acogida realizado.
"Muchas de las personas que vinieron en años de bonanza están en paro y requieren atención especial", ha insistido el ministro, que ha dejado claro que además en este punto se debería tener en cuenta el "enorme" esfuerzo de España para controlar las fronteras externas y reducir el flujo de inmigración irregular. "Lo estamos haciendo para proteger a la Unión", ha recalcado.
España, dispuesta a participar
En todo caso, Margallo ha dejado claro que España está dispuesta "a poner los medios necesarios dentro de nuestras posibilidades" y en la medida en que "se nos vaya requiriendo" para participar en la nueva operación. Margallo ya avanzó esta mañana que España pondría a disposición un buque de Acción Marítima con un helicóptero y un avión de reconocimiento.
También ha dejado claro que España está trabajando "activamente" como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para que el organismo internacional autorice la misión europea al amparo del capítulo VII de la ONU que autoriza al uso de la fuerza aunque ha dejado claro que en el caso de que no la haya "bastaría" para "cumplir los requisitos de la legalidad internacional" una "solicitud expresa de intervenciones por parte de las autoridades libias legítimas".