La decisión judicial beneficia a Eser y a Veli Acu y Nalan Erkem --también representantes de AI en Turquía--, así como al alemán Peter Frank Steudtner y al sueco Alí Ghravi. A ellos se suman los turcos Taner Kiliç, Özlem Dalkiran, Ilknur Üstün, Günal Kursun, Nejat Tastan y Seyhmus Özbekli. Además, hay otros tres imputados en este caso pero que no han sido arrestados, según informa el periódico turco 'Daily Saba'.
Todos están acusados de buscar una revuelta popular durante la marcha que el líder del opositor Partido del Pueblo Republicano, Kemal Kiliçdaroglu, protagonizó entre el 15 de junio y el 15 de julio desde Ankara a Estambul en demanda de "Justicia" para los detenidos por sus presuntos vínculos con grupos terroristas.
La acusación ha vinculado esta marcha multitudinaria con las protestas contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan que se desataron en 2013 en el parque Gezi de Estambul.
El Gobierno ha detenido a decenas de miles de personas por sus supuestos nexos con el influyente clérigo Fetulá Gulen, al que acusa del fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. La oposición y defensores de los Derechos Humanos han denunciado que en realidad se trata de una purga.
Las autoridades también han relacionado a algunos de los detenidos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), contra el que las fuerzas turcas llevan décadas luchando en el sur del país.
A pesar de esta resolución judicial, los cargos contra los once acusados se mantienen y se celebrará una nueva vista el próximo 22 de noviembre. De ser condenados, podrían enfrentarse a hasta 15 años de cárcel.
Este caso ha tensado aún más las relaciones entre Turquía y sus vecinos europeos, que han exigido a Erdogan la liberación inmediata de todos los activistas arrestados.
"Desde el momento de sus detenciones, es evidente que estos procesamientos responden a motivos políticos, cuyo objetivo es silenciar las voces críticas dentro de Turquía", ha señalado este mismo miércoles el director de AI para Europa, John Dalhuisen.