El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, John Kirby, ha resaltado que, de hacerse efectiva, la decisión "aislaría a Burundi de sus vecinos y de la comunidad internacional en un momento en el que la rendición de cuentas, la transparencia y el diálogo son más necesarios".
El Parlamento de Burundi ha votado de forma abrumadora este mismo miércoles a favor de la salida del país del TPI, en medio de la creciente disputa en torno a la violencia política en el país de África oriental.
Solo dos diputados han votado a favor de permanecer bajo la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya, mientras que 94 han votado en contra y catorce se han abstenido.
El diputado progubernamental Gabriel Ntisezerana ha sostenido que el TPI es "una herramienta política usada por las potencias para apartar del poder a quien quieran en el continente africano".
Hace unos meses, el TPI abrió una investigación preliminar sobre Burundi, centrada en los asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como desapariciones forzosas.
El Gobierno burundés se enfadó el mes pasado después de que un informe de la ONU identificara a funcionarios acusados de orquestar la tortura y asesinato de rivales políticos.
Desde entonces, Burundi ha prohibido la entrada a tres investigadores de la ONU y rechazado una decisión de Naciones Unidas de establecer una comisión de investigación para estudiar la violencia, que comenzó el año pasado después de que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidiera optar a un tercer mandato.
La oposición denunció que esto violaba la Constitución y el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en 2005, pero el Constitucional dio la razón a Nkurunziza, que se presentó y ganó un tercer mandato. El TPI dijo en abril que la violencia política había dejado unos 450 muertos y forzado a cientos de miles de personas a huir.
La ley para sacar a Burundi del TPI deberá pasar ahora a la Cámara Alta y luego ser promulgada por el presidente, lo que activaría el proceso de salida que duraría al menos un año.
Desde que se instauró bajo el Estatuto de Roma en 1998, el tribunal con sede en La Haya se ha centrado en perseguir cuatro grandes delitos: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión.
El hecho de que haya estado principalmente enfocado en África ha generado críticas contra el TPI por países como Kenia y Sudáfrica.