Durante una rueda de prensa, la portavoz del Departamento, Elizabeth Trudeau, ha recordado que Estados Unidos siempre enfatiza, en sus conversaciones con las autoridades filipinas, en la "importancia del principio democrático fundamental" del respeto al Estado de derecho.
"(En Estados Unidos) creemos en el respeto a los Derechos Humanos universales; creemos fundamentalmente que esos aspectos aseguran y promueven la seguridad a largo plazo", ha asegurado Trudeau, durante su intervención. "Sí, estamos preocupados por esas detenciones y por los asesinatos extrajudiciales de individuos de los que se sospecha que están vinculados con actividades relacionadas con drogas", ha añadido.
Por eso, "instamos en términos enérgicos a Filipinas a asegurar que sus fuerzas de seguridad se esfuerzan en cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos", ha añadido.
En línea con su campaña electoral, centrada en acabar con la delincuencia en el país, una vez elegido el actual presidente, Rodrigo Duterte, se ha comprometido a pagar recompensas a la Policía y a militares por cada narcotraficante que consigan abatir. En una rueda de prensa, el mandatario electo dijo que no estaba hablando de matarles, "sino que la orden es 'vivo o muerto'".
Desde entonces, el número de narcotraficantes y presuntos narcotraficantes que han muerto a manos de la Policía ha crecido considerablemente.
Si bien las cifras oficiales ya son altas de por sí, están muy por debajo de las que sostiene la Comisión de Derechos Humanos. Según la Policía, entre el 10 de mayo --el día que Duterte se declaró vencedor de las elecciones-- hasta el pasado 3 de julio, al menos 103 narcotraficantes han sido ejecutados, una media de dos diarios. La CDH apuntaba a que esa cifra estaba más cerca de los 150.
Durante el último mes, esa cifra se ha incrementado considerablemente.