La ley marcial entró en vigor el pasado 23 de mayo, al comienzo de la operación militar de Marawi contra el grupo Maute. Los islamistas, vinculados a Estado Islámico, se atrincheraron en la ciudad durante semanas hasta su completa aniquilación. La crisis se saldó con más de 1.100 muertos y 350.000 desplazados.
Ahora, el secretario del Ejecutivo, Salvador Medialdea, ha confirmado a la cadena ABS-CBN su intención de plantear, en nombre de Duterte y tras recomendación de la Policía y del Ejército filipinos, la prórroga sobre este periodo excepcional que tenía previsto terminar el 31 de diciembre.
La decisión queda a expensas de las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, que votarán al unísono en sesión conjunta antes del inicio de sus receso invernal el próximo 16 de diciembre, a sabiendas de que la Constitución filipina no contempla un tiempo máximo de extensión de la ley marcial.