Esta cifra la ha estimado un grupo de miembros del partido que se oponen a la presidenta, en base a una encuesta elaborada entre los diputados que participan en el comité de emergencia del Saenuri, tal y como ha informado la agencia surcoreana de noticias, Yonhap.
La oposición está valorando la posibilidad de presentar una moción para iniciar un juicio político a principios de diciembre contra Park.
Dado que toda la oposición y los diputados independientes respaldan esta iniciativa, para poder aprobarse necesita el apoyo de al menos 28 miembros de la formación de Park para poder alcanzar la cuota mínima de 200 votos de los 300 escaños de la Asamblea Nacional.
El portavoz del comité, Hwang Young Cheul, ha explicado que el número de diputados que apoyarían esta iniciativa podría ser mayor si se tiene en cuenta a otros legisladores.
No obstante, el líder de la formación, Chung Jin Suk, ha dejado claro que el partido no puede aceptar la propuesta de la oposición de aprobar el juicio político antes de que la actual sesión parlamentaria concluya, el próximo 9 de diciembre.
E incluso si el juicio político avanza, esto podría conducir a unas elecciones precipitadas, que podrían dañar, según Chung, la legitimidad de la próxima administración.
De aprobarse la iniciativa en el Parlamento a principios del próximo mes, y si el Tribunal Constitucional da 'luz verde' al procedimiento en dos o tres meses, las elecciones tendrían que celebrarse en marzo, ha apuntado.
En este contexto, Chung ha instado a tratar de buscar una solución política "de forma ordenada" a esta crisis, exhortando a los diputados a valorar todas las posibles opciones antes de apoyar el juicio político.
"Es más justo enfocarse en el plan presupuestario del próximo año y en la investigación parlamentaria (en torno al escándalo) durante este período", ha asegurado.
LA PEOR CRISIS DEL PARTIDO CONSERVADOR
El partido conservador se enfrenta a su peor crisis tras salir a la luz una trama de corrupción que señala tanto a la presidenta como a algunos de sus socios más próximos.
Esta misma semana, la Fiscalía ha registrado las sedes de la compañía Samsung y del Servicio Nacional de Pensiones (SNP), ante las acusaciones de que la oficina presidencial pudo tener cierta influencia en la decisión del fondo de pensiones de respaldar el plan de fusión de la empresa el año pasado.
El SNP --que obtuvo un 11,6 por ciento de las acciones de Samsung C&T, la rama de construcción de Samsung, un cinco por ciento de las de Cheil Industries-- jugó un papel clave en la fusión de ambas unidades, según la citada agencia.
En concreto, los fiscales están investigando si Park presionó al SNP para que apoyara a Samsung a cambio de que la compañía respaldara a la confidente de la presidenta Choi Soon Sil, imputada hace casi una semana.
La semana pasada se citó a declarar al presidente del Grupo Hyundai Motor, Chung Mong Koo, y al vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae Yong, sobre las donaciones de fondos de sus compañías a dos organizaciones sin ánimo de lucro controladas por Choi.
En esta redada las autoridades han confiscados discos duros de varios ordenadores, teléfonos móviles y documentos relacionados en la sede del SNP en Jeonju, a unos 240 kilómetros al sur de la capital, Seúl, y en su oficina del sur de la capital.
PAPEL DEL SNP EN LA FUSIÓN
El respaldo del SNP a la fusión de Samsung C&T y Cheil Industries levantó serias críticas, ya que esta decisión no fue revisada por una junta independiente.
Los fiscales sospechan que el grupo entregó 3.500 millones de wones --unos 2,8 millones de euros-- a una de las compañías de las que Choi --la confidente de Park-- era propietaria. Asimismo, creen que Samsung entregó otros 20.400 millones de wones --más de 16 millones de euros-- a otras dos fundaciones sin ánimo de lucro gestionadas por Choi.
La detención de Choi a finales de octubre por cargos de fraude y abuso de poder ha hecho estallar la polémica, desatando manifestaciones masivas en el país.
Además de Choi, dos exasesores presidenciales han sido detenidos, y la propia presidenta será interrogada por este caso. A pesar de haberse disculpado públicamente ante el pueblo, el índice de aprobación de Park cayó a un mínimo histórico del 5 por ciento, según la compañía local de sondeos Gallup Korea.
La Constitución de Corea del Sur no permite procesar a un presidente en ejercicio, pero algunos funcionarios de alto rango han señalado que es admisible un interrogatorio como parte de una investigación más amplia.