El ingreso en prisión ha sido solicitado por el fiscal Pedro Martínez Torrijos, quien durante la comparecencia alegó el riesgo de que Galván pueda fugarse y la gravedad de los delitos por los que fue condenado a 30 años de cárcel por abusar de once menores.
Galván, que ha sido asistido por un abogado de oficio, rechazó ser entregado al reino alauí y alegó arraigo en España, donde tiene amigos y una propiedad en Torrevieja (Alicante), según han señalado fuentes presentes en la declaración.
Según el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instsrucción número 4, la dirección que ha facilitado Galván durante su comparecencia en la Audiencia Nacional es de un amigo, "de nombre Ulpiano", ya que él carece en España "de un mínimo arraigo familiar, social, económico, laboral o de otro tipo que neutralice la tentación de ponerse fuera del alcance del aparato judicial penal en caso de ser puesto en libertad".
Según el juez, las circunstancias en que se produjo el indulto y su posterior anulación serán examinadas en el procedimiento de extradición que ahora se inicia.
Negociaciones sobre el futuro de Galván
Paralelamente a las deliberaciones en la Audiencia Nacional, en el ministerio de Justicia en Madrid, altos funcionarios españoles y marroquíes han estudiado una salida conjunta y consensuada para Daniel Galván.
Ambas partes son conscientes de que es inviable su regreso a Marruecos para terminar de cumplir la pena pendiente allí y desde el ministerio de Justicia que dirige Gallardón, no se descarta como "posibilidad razonable" que Galván, en prisión provisional tras ser detenido este lunes en Murcia, acabe cumpliendo en España la condena que le fue impuesta en Marruecos.
Sin embargo, desde Marruecos, el ministro de Justicia marroquí, Mustafa Ramid, sólo ve viable, que el detenido cumpla el resto de su condena en España o que las autoridades españolas abran un nuevo proceso en base a documentación aportada por Marruecos.