La sección segunda del Consejo de Estado ha decidido por unanimidad anular la sanción disciplinaria dictada en 2012 por la Procuraduría General contra Córdoba por participación indebida en política, que le impedía ejercer cargos públicos durante 14 años.
La Procuraduría General castigó a Córdoba por financiar con 25 millones de pesos (unos 7.700 euros) la campaña electoral de 2010 del candidato liberal por el departamento de Atlántico Ricardo Montenegro para la Cámara de Representantes.
"Desconoció la prohibición constitucional para los servidores públicos de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos", esgrimió entonces el Ministerio Público, según informa la prensa colombiana.
El pasado 9 de agosto, el Consejo de Estado ya anuló la inhabilitación por 18 años impuesta a Córdoba en 2010 por la Procuraduría General "por haber promocionado y colaborado" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en gestiones que iban más allá de la alegada labor humanitaria.
Córdoba ha expresado su satisfacción por ambos fallos porque de esta forma se empiezan a "reconstruir los daños que otros le hicieron a la democracia y a la justicia". "Buscaron anularme de la política para siempre", ha afirmado.
La ex parlamentaria ha destacado que "estos años de injusta inhabilitación" le han servido para buscar "otras formas de hacer política", entre las cuales "trabajar por la paz ha sido la más enriquecedora".
"La paz ha sido para mi un proyecto de vida, que me inhabilitaran casi de por vida no me alejó de la política, fue un aliciente para seguir", ha dicho en su cuenta oficial de Twitter. "Hoy recobro mi fe en la justicia", ha enfatizado.