Los cuatro funcionarios, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) por un delito de secuestro exprés, tendrán que pagar, además, una multa equivalente a 13.000 días (más de 35 años) de salario mínimo general vigente para agentes, equivalente a casi un millón de pesos (unos 50.000 euros).
Según ha recogido el diario 'Informador', las condenas de los cuatro han contado con un agravante de delito, al haberse cometido éste con violencia y por parte de miembros de una institución de seguridad del país.