"La acentuada presencia de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN ha propiciado condiciones de vulnerabilidad para cerca de 1.200 habitantes del río Iró, el litoral de San Juan y la zona rural de Nuquí", ha dicho en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo ha explicado que, "pese a la reacción de las Fuerzas Militares para mitigar el impacto de los enfrentamientos que la semana pasada protagonizaron el ELN y las Autodefensas Gaitanistas en el corregimiento de Boraudó", la población local sigue en riesgo.
"Y es que, si bien las 77 familias (176 personas) que se habían desplazado hacia Yuto pudieron retornar gracias al acompañamiento del Ejército, el temor se mantiene y se ha extendido a otras zonas donde los pobladores conviven en medio del confinamiento producido por las acciones de ambas estructuras", ha indicado.
En concreto, ha identificado "un claro escenario de riesgo para 700 habitantes del Consejo Comunitario Nóvita Iró, ubicado en el corregimiento Encharcazón, donde la presencia del ELN y los 'gaitanistas' ha estado marcada por el uso de bienes civiles para resguardarse y amenazas constantes a quienes se encuentran allí".
"Paralelamente, 110 familias de las comunidades de Cucurrupí y 16 de la vereda Puerto Limón, en el litoral de San Juan, permanecen confinadas" porque "la guerrilla restringe la movilidad y las actividades cotidianas, como la caza y la recolección de alimentos", ha añadido.
La institución ha destacado además que "en Puerto Limón fue reportado el hallazgo de un cadáver sin identificar, cuya muerte estaría relacionada con estas intimidaciones". El pasado jueves, guerrilleros y criminales se enfrentaron en el resguardo indígena del río Panguí y mataron a dos personas.
"Ante este cada vez más delicado panorama", la Defensoría del Pueblo ha reiterado su llamamiento al Gobierno de Juan Manuel Santos "para que adopte las medidas correspondientes".