El tribunal de La Haya emitió un fallo en 2012 por el cual reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero al mismo tiempo amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la frontera en el Caribe.
Colombia se negó a acatar la sentencia e incluso denunció el Pacto de Bogotá --por el cual reconoce la jurisdicción de la CIJ-- y, en respuesta, Nicaragua volvió a demandar a su vecino por impedirle disfrutar de sus nuevos derechos en esas aguas y para extender su plataforma continental.
En este contexto, Colombia ha contrademandado acusando a Nicaragua de "violar los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal", y por un decreto con el que "busca adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia".
Managua había presentado objeciones a la contrademanda de Bogotá, pero la CIJ las ha rechazado, dando vía libre a juzgar también estas dos cuestiones. De esta manera, destaca la Cancillería, reconoce que los derechos históricos de pesca "deben ser considerados" y "que pueden existir irregularidades en la normatividad nicaragüense".