Los ministros de Interior de la Unión Europea se han mostrado este jueves favorables a avanzar en la revisión del sistema de asilo común para evitar nuevas crisis de refugiados, si bien se han resistido a compromisos obligatorios y han pedido a Bruselas flexibilidad en sus propósitos.
"La flexibilidad es parte de nuestro trabajo para lograr objetivos comunes (...). La solidaridad flexible quiere decir que seremos flexibles en el intercambio de ideas, en la discusión, pero al final lo decidido deberá ser respetado por todo el mundo", ha concedido el comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, al término de la reunión de ministros de Interior de la UE en Luxemburgo.
"La flexibilidad es el camino, no el resultado (...). El objetivo no es flexible, sigue siendo el mismo", ha ahondado el ministro de Interior eslovaco y presidente de turno de la UE, Robert Kalinak, después de que Avramopoulos se haya mostrado partidario de "reflexionar" sobre sus propuestas.
Bruselas planteó en mayo una revisión del marco común del sistema de asilo para introducir un mecanismo de emergencia que se activaría de manera automática y repartiría la carga de la acogida de refugiados en casos de crisis.
El Ejecutivo comunitario abrió entonces la puerta a que los Estados miembros pudieran eludir su parte de responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada uno de los refugiados que no acepte.
En el debate a 28, una mayoría de países han mostrado distintas reservas al planteamiento de la Comisión, en especial en cuanto al carácter obligatorio de sus disposiciones.
España, por ejemplo, ha expresado su preocupación por el hecho de que el mecanismo correctivo que defiende Bruselas no tenga en cuenta la situación específica de cada país, por ejemplo de los que forman la frontera exterior, y ha alertado de que ello "desincentive" el control de tales fronteras.
Desde la delegación española también se ha apostado por actuar "por la vía de los incentivos y no de las imposiciones", un discurso mantenido por otros países como Polonia ("la solidaridad no puede ser obligatoria") o República Checa ("dar marcha atrás en la solidaridad forzada").
Por el contrario, Grecia ha criticado a sus socios en la UE por defender que la gestión común de la migración es una medida "necesaria", pero a continuación aboguen por dejar que el Estado miembro que no quiera "no participe".
También han discutido sobre la conveniencia de reforzar la Agencia europea de Asilo (EASO), que Bruselas aspira a convertir en una 'ventana única' para gestionar las solicitudes de asilo.
Una mayoría de Estados miembros han dicho ser favorables a una agencia más fuerte, en cuanto al refuerzo de medios humanos y materiales, pero han puesto en duda que se le deba dar más poder o competencias.
A este respecto, el ministro de Interior eslovaco y presidente de turno de la UE, Robert Kalinak, ha señalado la "limitación" de los Estados miembros a la hora de contribuir con más efectivos con la cualificación necesaria para EASO y ha emplazado a dar tiempo para formarlos.
CIFRAS DE ACOGIDA DE REFUGIADOS
En las discusiones sobre reasentamiento, el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha trasladado el compromiso de acoger este año en España a cerca de 900 demandantes de asilo llegados a Grecia e Italia y a otros 854 refugiados directamente trasladados desde Líbano y Turquía, en el marco de los distintos programas europeos pactados a Veintiocho.
Estos cálculos incluyen ya a las 396 personas trasladadas desde Grecia e Italia a España desde que se acordó el programa europeo y a otros 279 refugiados llegados desde Líbano y Turquía, según ha explicado el ministro a su llegada a la reunión en Luxemburgo.
La Unión Europea se ha comprometido a reubicar en los Estados miembros a un total de 160.000 demandantes de asilo desde Grecia e Italia en un plazo de dos años, de los que España debe asumir la acogida de 9.323 personas.
Además, a España le corresponde recibir a 1.449 inmigrantes con estatus de refugiado llegados a Turquía, Líbano o Jordania, dentro del programa para reasentar en la UE a un total de 22.000 personas con derecho a protección internacional.
Con estas cifras, Fernández Díaz ha admitido que el ritmo de reubicaciones y traslados "va muy por debajo de las expectativas", pero ha defendido que España se encuentra entre los Estados miembros que más plazas han cubierto de las prometidas.
El comisario Avramopoulos, por su parte, ha mantenido que ha quedado "claro" para los ministros que todos los Estados miembros deben compartir su parte de responsabilidad y demostrarla poniendo en práctica los acuerdos en materia de reubicación y traslado de refugiados.