"Si toman acciones en un mes, aclararemos nuestra posición y haremos uso de los poderes que nos dan los Tratados, en especial para la apertura de expedientes", ha asegurado el comisario ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
La Unión Europea se comprometió a dar acogida en el resto de Estados miembros y en el plazo de dos años a 160.000 demandantes de asilo llegados inicialmente a Grecia e Italia para buscar protección internacional en el conjunto de la UE.
A falta de apenas cuatro meses para que expire el plazo asumido por los Estados miembros, los países han recibido en su territorio a algo más de 18.400 personas; menos de 900 inmigrantes en el caso de España, que debe aún cubrir 9.437 plazas comprometidas en el reparto europeo.
En este contexto, la Eurocámara prevé adoptar el próximo jueves una resolución que insta a los Veintiocho a asumir su responsabilidad y recibir a los refugiados que les corresponde acoger y en la que los eurodiputados reclamarán sanciones económicas para los incumplidores.
"La tolerancia y la paciencia empiezan a agotarse, pero creo en el valor del diálogo y el poder de convicción", ha dicho el comisario, que durante meses a pedido priorizar la vía diplomática para presionar a las capitales y ahora asegura que con ello se ha logrado "acelerar" el ritmo de reubicación.
Expedientar a incumplidores
Con todo, ha asegurado que no le temblará el pulso a la hora de expedientar a los países incumplidores y ha prometido medidas para aquellos que, como Hungría, se han negado desde el principio a recibir a ningún inmigrante en el marco de acuerdo europeo, pero también contra aquellos que no han realizado ningún traslado en más de un año.
Avramopoulos ha insistido en la falta de voluntad política e implicación de los Estados miembros y reconocido los esfuerzos de Grecia e Italia para mejorar el control de los inmigrantes que llegan a su territorio, aunque ha admitido que queda trabajo por hacer.
En cualquier caso, ha advertido, en estos momentos hay "12.500 demandantes de asilo en Grecia y unos 4.000 en Italia registrados y listos para ser reubicados" en el resto de Estados miembros.
Por todo ello ha considerado "perfectamente posible" que con el compromiso de los Estados miembros se logre cumplir con el objetivo de reubicar a estas personas antes de que acabe el plazo legal en septiembre de este año; al tiempo que ha avisado a los gobiernos que no lo hagan que sus "obligaciones legales" seguirán siendo válidas cuando expire el calendario.
La eurocámara quiere sanciones inmediatas
Una mayoría de eurodiputados en el debate han respondido a las palabras del comisario lamentando la falta de compromiso de los Veintiocho y criticando que ningún representante del Consejo haya asistido al pleno para responder a las críticas y asumir sus responsabilidades.
ambién han puesto en duda la voluntad de los países de cumplir con sus obligaciones y han reclamado a Bruselas que tome medidas de manera más enérgica, sin esperar al largo proceso que supone tramitar un expediente de infracción.
"El sistema voluntario no funciona, hagan algo para cambiarlo", ha pedido al comisario el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Jeroen Lenaers, mientras que la eurodiputada del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) Cécile Kashetu Kyenge ha criticado que el programa europeo "no es a la carta" y ha pedido sanciones para quien lo aplica de forma selectiva.
La líder de Los Verdes europeos, Ska Keller, por su parte, ha considerado un "escándalo" la falta de compromiso político de los gobiernos; la liberal europea Nathalie Griesbeck, les ha exigido "respetar sus obligaciones jurídicas como todo Estado de derecho"; mientras que desde los Conservadores y Reformistas (ECR), Notis Marias, ha recordado que "ninguno" de los 28 ha cumplido y se ha preguntado "qué va a pasar" cuando Italia y Grecia "no puedan aguantar más".
El socialista Juan Fernando López Aguilar ha recalcado que las medidas deben ser "sanciones económicas", para que los países incumplidores "no puedan disfrutar de ayudas europeas mientras no entiendan que el mandato de solidaridad no es un buen deseo, es un mandato jurídico vinculante".
En la misma línea, Ernest Urtasun (ICV) ha instado a "poner pie en la pared, ser valientes y empezar a aplicar procedimientos de infracción y sanciones".
La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha lamentado los retrasos cuando los inmigrantes "sufren mil barbaridades o mueren intentando llegar a Europa" y ha avisado que de lo que falta "no son palabras, sino sanciones".
Izaskun Bilbao (PNV), por su parte, ha recordado la oferta del País Vasco para abrir un corredor humanitario y ha lamentado que no pueda recibir refugiados porque "España no acoge a lo ques debe".
También el eurodiputado de Podemos Miguel Urban ha pedido "que el cumplimiento de los Derechos Humanos sea obligatorio y se sancione a quien no cumple", tras recordar que ACNUR considera insuficientes los esfuerzos europeos de acogida de refugiados.