No obstante, no será hasta este viernes cuando den a conocer los acuerdos alcanzados entre las delegaciones que preparan en La Habana (Cuba) el acuerdo para poner fin a un conflicto de más de medio siglo.
El Gobierno siempre ha defendido la postura de que los jueces que forman parte de esta justicia, destinada a juzgar a los responsables --tanto guerrilleros como agentes del Estado-- de graves violaciones de los Derechos Humanos y crímenes internacionales cometidos durante el conflicto, no deberían ser nombrados por las delegaciones de la paz, y que estas no deberían tener ninguna influencia en su elección.
Si bien se ha hablado en el pasado de que sean organismos internacionales independientes --como Naciones Unidas, o el Vaticano-- las que nombren a los jueces, todavía no han trascendido los términos y el alcance del acuerdo que se ha cerrado este jueves.
La JEP prevé un marco penal que va desde los cinco hasta los 20 años de cárcel con una gradación que depende de la verdad que aporten los acusados y de en qué momento del proceso lo hagan, así como sanciones alternativas que implican "restricciones" de derechos y libertades.