La ONG divulgó una serie de imágenes por satélite que muestran más de 400 viviendas de esta minoría arrasadas por las llamas en lo que parece un nuevo episodio de la campaña de persecución y abusos liderada por las autoridades birmanas, a las que han conminado a que investiguen inmediatamente estos incidentes.
El Gobierno convocó este miércoles a una rueda de prensa especial, celebrada en el Palacio Presidencial, donde anunció la creación de una comisión informativa que se encargará de publicar datos sobre los conflictos que tienen lugar en el convulso estado de Rajine.
No obstante, el tema principal de la rueda de prensa fue el citado informe de HRW, que han rechazado desde el Ejecutivo. En este sentido, han señalado que anunciarán próximamente los resultados de una investigación que se ha abierto al respecto de estas acusaciones.
Asimismo, el Gobierno ha mostrado una serie de imágenes de las áreas presuntamente quemadas, imágenes que muestran un área considerablemente inferior a las que se ven en las imágenes de HRW. En este contexto, han señalado que la devastación que se puede ver en las fotografías de la ONG había sido provocada por atacantes, y no por el Ejército nacional.
En la rueda de prensa, han aprovechado para anunciar la creación de una oficina específica de información desde la Presidencia, cuyo objetivo será publicar lo que han definido como "información correcta" sobre el estado de Rajine de manera periódica.
El pasado 9 de octubre se registraron varios ataques que acabaron con la muerte de nueve guardias fronterizos. El Gobierno cree que un grupo de cerca de 400 musulmanes rohingya planeó y ejecutó los ataques. Sólo en los últimos días han muerto cerca de 70 personas a manos del Ejército nacional.
El Ejército se ha desplegado por el norte de Rajine, cerca de la frontera con Bangladesh, después de este ataque, bloqueando el acceso a la zona a los trabajadores y a la mayoría de los periodistas.
Por su parte, los musulmanes rohingya han acusado al Ejército de violaciones y de incendiar las viviendas de los civiles, algo que tanto el Gobierno como el Ejército niegan.