Cerca de 50 localidades del país fueron escenario de protestas en la madrugada del martes en contra del juicio contra Qassim, quien ha rechazado los cargos contra él y se ha negado a contar con un abogado, según ha informado el portal local de noticias Bahrain Mirror.
Las autoridades bahreiníes revocar la nacionalidad a Qassim el 20 de junio de 2016, lo que provocó una sentada frente a su vivienda que aún se mantiene.
El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades.
La semana pasada, el Gobierno solicitó la disolución de la Sociedad Nacional de Acción Democrática (Waad), el principal partido opositor del país, apenas un día después de que la cámara alta del Parlamento aprobara por unanimidad modificar la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares.
Tras ello, el ministro de Justicia, Jalid bin Alí al Jalifa, defendió la decisión, recalcando que "se ha vuelto necesario desarrollar herramientas legislativas para contribuir a mantener la seguridad y la estabilidad" y afirmando que "el país hace frente a una guerra contra los grupos terroristas y las milicias apoyadas por países y organizaciones (extranjeros)".
La Constitución del país limita la jurisdicción de los tribunales militares a los delitos o crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, si bien el proyecto argumenta que "el incremento del terrorismo en la región" y la "flexibilidad" y "rapidez" de los juicios militares justifica la enmienda.
La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
El Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
La decisión anuló un decreto aprobado en 2011 que quitó estos poderes a la NSA tras una investigación sobre los abusos cometidos por el organismo contra manifestantes y detenidos.
A pesar de que el nuevo decreto sólo dio los poderes de detención en casos de terrorismo, las autoridades han usado esta legislación, de definición inexacta, contra activistas, periodistas y manifestantes, por lo que varias ONG ya han expresado su temor acerca de su posible uso.
La BICI, establecida para investigar las violaciones de Derechos Humanos entre febrero y junio de 2011, confirmó que durante ese periodo la NSA había torturado a manifestantes, lo que habría causado al menos una muerte.
LAS PROTESTAS PRODEMOCRÁTICAS
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.