En su comunicado, el Ministerio del Interior ha asegurado que la Policía "se ha visto sorprendida por la resistencia de un número de criminales, que usaron granadas, barras metálicas, hachas y armas blancas", agregando que 19 agentes han resultado heridos.
Por otra parte, ha cifrado en 286 los arrestados durante la operación, resaltando que fue llevada a cabo "para proteger el orden público y garantizar la seguridad de los residentes".
"Las fuerzas de seguridad siguen desplegadas en la zona", ha dicho, tras manifestar que los agentes "han logrado retirar una serie de barricadas".
"Es desafortunado que estos jóvenes sean víctimas de estos actos, que son incitados desde el extranjero", ha agregado, en aparente referencia a Irán, país al que Bahréin acusa de incitar a la rebelión a la comunidad chií del país.
Las fuerzas de seguridad han entrado en la localidad a primera hora del martes, días después de que Qassim fuera condenado a un año de cárcel, suspendido durante tres años, por cargos de corrupción.
Las autoridades bahreiníes revocaron la nacionalidad a Qassim el 20 de junio de 2016, lo que provocó una sentada frente a su vivienda que aún se mantiene y contra la cual estaba dirigida la operación.
El Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) ha criticado a las autoridades por la redada, advirtiendo de que "si continúan las violaciones, negadas por el Gobierno e ignoradas por la comunidad internacional, tendrá lugar otro ciclo de violencia y represión en una región con cientos de víctimas".
"El uso aplastante de la fuerza militar contra su propia población civil y manifestantes pacíficos no es más que un castigo colectivo", ha valorado el asesor del BCHR Maizam al Salmán.
El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.