La Fiscalía acusó a los condenados de colocar una bomba y atraer a los agentes a la zona generando disturbios en la misma. Entre los muertos figura un coronel de nacionalidad emiratí.
El tribunal ha confirmado además la cadena perpetua contra otros siete acusados, así como la retirada de la ciudadanía de ocho de ellos.
El Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) ha criticado el fallo, recalcando que "las autoridades obtuvieron confesiones utilizando torturas" y agregando que "no se garantizó que el proceso fuera justo".
Los condenados a muerte han sido identificados como Sami Mushaima, Abbas al Samea y Alí Abdulshahid al Singace. Una vez agotada la vía judicial, dependen de un perdón del rey.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.