"A partir del 28 de agosto tendrán que buscarse el dinero cada semana para costearse sus gastos de alojamiento", según un documento del Departamento de Inmigración que está siendo distribuido en algunos centros.
"De igual modo y a partir de esa fecha, serán responsables del resto de sus gastos, como la comida, ropas o transporte, y tendrán que firmar un Código de Conducta para comportarse dentro de la sociedad australiana hasta que la abandonen", de acuerdo con el texto.
Los solicitantes desalojados tendrán que permanecer localizables a la espera de su traslado definitivo a un centro de detención fuera de Australia, "por motivos médicos".
Las ONG que han accedido al documento han declarado su indignación ante la medida. "Ya es difícil que una persona empleada con un buen salario encuentre un alquiler en tres semanas, así que imagínese a alguien a quien este Gobierno ha mantenido retenido durante años y le ha prohibido trabajar", según el abogado del Centro para la Ley y los Derechos Humanos, Daniel Webb.
Los niños y las familias no están incluidos en la primera ronda de solicitantes que se verán afectados por esta medida -- actualmente hay 400 personas con este estatus en Australia -- pero las ONG temen que formen parte de un futuro segundo grupo.
Según fuentes oficiales bajo el anonimato, esta es "una de las decisiones más extremas que el departamento de inmigración ha tomado desde hace mucho tiempo". "Dependiendo de cómo funcione, las familias podrían ser las siguientes. Esta gente se ha convertido en cobayas. Están jugando con sus vidas", han advertido.
La oficina del Ministerio de Inmigración todavía no ha hecho declaraciones al respecto.