De momento, los Veintiocho han dado luz verde a una partida de 100 millones del presupuesto comunitario para financiar acciones humanitarias y de desarrollo por parte de fuerzas militares locales de terceros países entre 2018 y 2020.
La asistencia de la UE en ningún caso podrá utilizarse para financiar el suministro de armas, munición ni equipos letales ni costear el entrenamiento en combate, como tampoco podrá contribuir a financiar el gasto militar corriente de terceros países.
Según las normas acordadas, la asistencia europea en casos excepcionales podrá contribuir a reforzar las capacidades de las fuerzas militares de terceros países para llevar a cabo tareas humanitarias y de desarrollo vinculadas a la seguridad como la reconstrucción o la rehabilitación de infraestructura civil, la limpieza de minas y artefactos explosivos o tareas de protección civil en situaciones de emergencia.
También se podrá financiar el suministro de equipos e infraestructuras para las fuerzas militares de terceros países como equipos informáticos y de comunicación, transporte, infraestructuras de agua y sanitarias, así como para entrenamiento, instrucción y asesoramiento y apoyo a la reforma del sector de seguridad. Así se podrá costear la formación en áreas como los Derechos Humanos, la buena gobernanza y para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos.
El objetivo de la revisión de las normas del instrumento es reforzar el vínculo entre la seguridad y el desarrollo de terceros países y reconocer que en algunos casos el apoyo a las fuerzas militares de terceros países es la única manera de restablecer la seguridad y restituir la administración y los servicios básicos a la población.
También contribuiría a atajar el problema al que se enfrenta la Unión Europea en muchos casos de entrenar a las fuerzas locales que luego no tiene equipos para realizar sus tareas.
La Eurocámara ya dio luz verde a los nuevos cambios normativos, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la UE, previsto el 15 de diciembre.
Se espera que las primeras acciones concretas se puedan financiar gracias a los nuevos cambios normativos "a principios de 2018", ha confirmado el Ejecutivo comunitario.