La organización ha negado retrasos en el pago del alquiler y ha afirmado que, si no se resuelve pronto esta discrepancia, el cierre de las oficinas será considerado como "un intento deliberado para obstruir el trabajo de los defensores de los Derechos Humanos en Rusia".
Así lo ha expresado el director de la ONG para Europa y Asia Central, John Dalhuisen, que ve "cada vez más difícil" no enmarcar toda esta polémica dentro de la "represión" contra la sociedad civil, según un comunicado.
"Seguiremos intentando averiguar la verdad de lo ocurrido y resolveremos este asunto con las autoridades competentes, para poder seguir con nuestro trabajo crucial y legítimo", ha advertido Dalhuisen. "Cambiar las cerraduras y cortar la luz ha sido, sin duda, un golpe, pero no nos callará o impedirá que nos levantemos por los Derechos Humanos en Rusia", ha apostillado.